Dos meses. Ese es el plazo que ha concedido la Comisión Europea (CE) al Gobierno español para que adopte las medidas necesarias que garanticen la protección de sus ciudadanos de los perjuicios que acarrea la contaminación por partículas finas (PM10). Los mismos argumentos que Bruselas expuso a Grecia, que dispone de idéntico periodo de tiempo para subsanar las deficiencias. En caso de continuar con el incumplimiento, la Comisión avanzó su intención de trasladar la cuestión a la justicia comunitaria.

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