En nuestro país hace años que se vienen implantando gasolineras asociadas a grandes centros comerciales que ofrecen combustibles sensiblemente más baratos que las gasolineras al uso. En su momento se denunció por el sector que acabarían acaparando buena parte del mercado y que, entonces, subirían las tarifas. No ha pasado. Siguen ofreciendo precios muy económicos a cambio de la fidelidad a un establecimiento. Está muy bien.

Ahora se están poniendo de moda las gasolineras low cost, sin otras marcas detrás, con combustibles más baratos que, en muchas ocasiones, se justifican con una bajada en los servicios: por ejemplo, no te atiende nadie en la estación de servicio. Y otra vez el sector que ve en peligro el negocio y que denuncia estas prácticas por incumplir normas básicas que afectan a los consumidores. Ahí siguen.

Ahora el problema viene cuando un colectivo de usuarios, un centenar, denuncia a una gasolinera sevillana en concreto por supuestamente haber estropeado con sus combustibles el motor de un gran número de vehículos, ocasionándoles averías que, en algunos casos, superan los 7.000 euros.

Entre los expertos en gasolinas y mecánica, discrepancias: es complicado que una gasolina, aunque sean más baja calidad, sin los aditivos que llevan otras, por ejemplo, lleguen estropear un motor; pero también están quienes piensan que una gasolina “pobre” no llega a estropear un motor pero sí que protege menos determinandos componentes del motor y que, en consecuencia…

En cualquier caso, parece obvio que los consumidores, que en muchos casos recurrimos a este tipo de gasolineras por razones económicas obvias, necesitamos una aclaración a esta denuncia de cien usuarios lo antes posible. Hay que aclarar con agilidad qué ha pasado, si el problema es del combustible, si el fallo está en los tanques, en el producto en origen. Saber de dónde viene, si tiene todas las garantías, si hay posibles mercados negros que no cumplen los estándares de calidad que marca nuestra legislación…

No es sólo un problema de guerras comerciales. Hay que llegar al fondo de la cuestión y que estos afectados no necesiten estar años y más años sufriendo. Que les den todas las facilidades para garantizar sus derechos, que se les asesore y se les encarrile por el camino que les lleve a arreglar sus coches sin coste y con los menores daños posibles.

Ellos son los únicos que no tienen culpa de lo que está pasando con sus coches, averiados de forma grave aunque, en algunos casos, tenían escasos meses de vida. Si hay fraude, si hay trampas, si ha habido fallos, si no han funcionado los mecanismos de control, los supervisores, los culpables son otros. Los del volante no tienen que pagar el pato.

Ahí quiero ver yo con diligencia a los responsables de consumo, en este caso de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a la Fiscalía… ¡Y al propio sector de las gasolineras!